Administración Local en Galicia - En Castellano

Concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal

2011-11-17T12:28:00.000+01:00

Boletín Oficial del Estado, número 276, de 16 de noviembre de 2011 Convocatoria
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. Considerando lo dispuesto en el apartado 5.1 de la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Considerando asimismo, según la previsión contemplada en la Disposición transitoria séptima de dicha norma, lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto de 1994, y demás concordantes; Vista la normativa aprobada, en su caso, por las distintas Comunidades Autónomas sobre méritos de determinación autonómica y conocimiento de la lengua propia; En uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 393/2011, de 18 de marzo, Esta Dirección General ha resuelto: Efectuar la convocatoria del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal correspondiente al año 2011, con sujeción a las siguientes: Bases:
Características del puesto
Puestos vacantes. Tienen la consideración de puestos vacantes a efectos de este concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo (Anexo I): Aquellos puestos que, encontrándose vacantes con anterioridad al 10 de febrero de 2011, no hubiesen sido convocados por las Corporaciones Locales en el concurso ordinario. Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario hubiesen quedado desiertos. Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario no se hubieran adjudicado por la corporación local por otras causas. Aquellos puestos cuyas corporaciones locales soliciten expresamente su inclusión a pesar de haber resultado vacantes con posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario. Participación. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios con habilitación de carácter estatal, pertenecientes a las subescalas a que se refiere el artículo 20 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pudiendo solicitar únicamente los puestos que, según su clasificación, correspondan a las subescalas y categorías a que pertenezcan. Podrán participar asimismo los funcionarios no integrados en dichas subescalas y categorías, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes: Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría superior. Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría de entrada. Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría- Intervención. Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habitantes. Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Intervención - Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos de Intervención. Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala de Intervención - Tesorería, pero únicamente a puestos de Tesorería. No obstante, están obligados a participar en el concurso unitario, a la totalidad de puestos correspondientes a su subescala y categoría, los funcionarios con nombramiento provisional y aquellos a que se refiere el artículo 53.1 y 2 del Real Decreto 1174/1987, de 28 de septiembre. Si no solicitasen todos los puestos, se entenderá que renuncian a establecer orden de prelación respecto a los no relacionados en favor del Tribunal de Valoración, que podrá adjudicarles cualquiera de ellos. No podrán concursar: a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas. b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, durante el período a que se extienda la destitución. c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas. d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su Subescala y categoría en la misma Entidad Local o se encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Lugar y plazo de presentación
En el plazo de 15 días naturales a partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los funcionarios con habilitación de carácter estatal que deseen tomar parte en el presente concurso dirigirán a la Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local (Registro de entrada de documentos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Plaza de España, 17, 28071 Madrid), la siguiente Documentación: Solicitud de participación con expresión individualizada de todos los puestos a que concursan y declaración jurada de no estar incursos en ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. La especificación de puestos solicitados se hará por orden de prelación de adjudicaciones, con carácter único para la totalidad de puestos que se soliciten. La unicidad del orden de prelación se mantendrá incluso en el supuesto de solicitar puestos de varias Subescalas y categorías si la pertenencia del concursante a las mismas lo permitiere. (Modelo Anexo II.)
Publicación
Boletín Oficial del Estado, número 276, de 16 de noviembre de 2011

El Tribunal Constitucional otorga un amparo histórico al control de oposiciones y concursos

2011-11-10T17:38:00.001+01:00

Hola amigos:
En el Blog de Sevach "contencioso.es" aparece publicado un interesante artículo sobre impugnación de oposiciones y concursos, que por su importancia entiendo debe tener la máxima difusión.
Podeis acceder activando el enlace siguiente:

Tradicionalmente las oposiciones y concursos de méritos para ser empleado público podían ser impugnadas ante los Tribunales contencioso-administrativos por quienes tuvieran «legitimación», concepto procesal que limitaba la posibilidad de recurrir a los aspirantes admitidos al procedimiento (quienes no solían hacerlo por ignorancia o prudencia), mientras la ciudadanía contemplaba impasible los chanchullos de convocatorias de promociones internas u oposiciones libres en que las plazas se diseñaban a la medida de algún candidato.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 28/2009, de 26 de enero de reconoce la legitimación impugnatoria a una asociación para defensa de opositores (Unión Nacional de Opositores “Justicia y Ley”), rompiendo con la consolidada jurisprudencia contencioso-administrativa de que las Asociaciones no ostentaban legitimación para velar por la pureza de los procedimientos selectivos.

¿Diferencias entre el sector público y el privado? Revisando el mito

2011-06-07T16:37:00.001+02:00

Por su interés actual, teniendo en cuenta lo mucho que se ha opinado sobre los funcionarios, me pareció oportuno da publicidad al siguiente artículo publicado en el blog de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaiso (Chile) , y del que és autor Marc Esteve, del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE e investigador visitante en la Cardiff Business School. Tamyko Ysa es la investigadora principal del Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en Gestión Pública (GLIGP) de ESADE.

¿Es diferente el sector público del privado? O, mejor dicho, ¿cuándo difieren entre sí? Y, lo que es todavía más importante, ¿qué interés tiene diferenciarlos? A fin de dar respuesta a estas preguntas, se ha realizado una revisión de la literatura sobre las diferencias entre el sector público y el privado publicada durante las últimas dos décadas. El análisis se presenta a continuación.

10/01/2011 – Marc Esteve & Tamyko

Publicado el 10.01.2011, en www.esade.edu

La idea de que el sector público y el privado presentan grandes diferencias ha sido expresada, en teoría de la organización, a lo largo de muchas décadas. Perry y Rainey (1988) lo ilustran recordando el significado etimológico de los términos público y privado. En latín, público significa para las personas, en oposición a privado, que se refiere a establecido aparte. Una amplia mayoría de los trabajos realizados en este área se centran en variables específicas que pueden diferir entre los dos sectores (véase, por ejemplo, Ring y Perry, 1985; Perry y Rainey, 1988; Nutt, 1993, y Scott y Falcone, 1998), pero son muy pocos los intentos de describir ambos sectores desde una perspectiva global e integradora (Perry y Rainey, 1988; Rainey y Bozeman, 2000, y Boyne, 2002). Y aún más: estos últimos no han tenido en cuenta los avances que se han producido en la diferenciación entre sector público y sector privado en los últimos años.
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Para seguir leyendo activar el enlace

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES RESULTANTES DE LAS ELECCIONES DEL 22/05/2011

2011-05-27T16:49:00.002+02:00

Hola amigos, como andamos en la período de constitución de las corporaciones locales, publico el diagrama que sigo en mi ayuntamiento. El enlace accede al modelo que publiqué en el 2007, por lo que igual debéis repasarlo :

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

ACTOS PREPARATORIOS LA CONSTITUCIÓN CORPORACIÓN

1º.- Diligencia para hacer constar la recepción de credenciales de electos remitida por la J.E.Z.

2º.- Oficio recordando los electos el deber de formular declaración Actividades y Patrimonio para Registro de Intereses (Una vez proclamados electos y recibida la credencial acreditativa a remitir por la Junta Electoral de Zona.) (art. 108.8 LOREG, 75.5 LBRL, 30 y 31 del ROFRJCL, 15 a 17 del ROM)

3º.- Diligencia de presentación de las Declaraciones Actividades y Patrimonio por parte de los electos (art. 108.8 LOREG, 75.5 LBRL, 30 y 31 del ROFRJCL, 15 a 17 del ROM)

4º.- Diligencia sobre presentación por los electos de las credenciales de la J.E.Z.. (art 108.6 LOREG)

5º.- Aprobación del acta de la sesión anterior por los concejales cesantes, tres días antes de la Sesión de Constitución (art. 36 ROFRJCL)

CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN

6º.- Convocatoria Sesión Extraordinaria constitución Corporación (art. 195.1 LOREG 37 ROFRJCL)

7º.- Sesión Extraordinaria Constitución Corporación (art. 195.1 LOREG 37 ROFRJCL)

8º.- Remisión certificación acta de la sesión la Comunidad Autónoma y Subdelegado del Gobernador Civil (art. 56 LBRL y 196.3 ROFRJCL)

CONSTITUCIÓN GRUPOS MUNICIPALES

9º.- Informe Secretaría sobre procedimiento Constitución Grupos Municipales y designación Portavoz

10º.- Escrito a Portavoces Grupos Municipales para constitución Grupos Municipales (18 a 26 ROM)

11º.- Escrito a Portavoces para colocación concejales en Salón de Sesiones (art. 62 ROM, 89 del ROFRJCL)

DECRETOS DE LA ALCALDÍA - ORGANIZACIÓN EJECUTIVO -

12.- Decreto designación miembros Comisión de Gobierno y Ttes de Alcalde (art- 40, 30 ROM 23 del LBRL, 43, 44 y 46 ROFRJCL)

13º.- Notificación los interesados del Decreto de composición CG y delegación en Tte. Alcalde (art. 46.1 ROFRJCL)

14º.- Publicación en B.O.P. de Edicto Decretos composisión CG y Delegaciones TTe. Alcalde) (art. 44 ROFRJCL)

SESION DEL PLENO FIJACIÓN PERIODICIDAD, COMPOSICIÓN C.I. Etc

15º.- Convocatoria Sesión Extraordinaria Funcionamiento Corporación:

Fijación de la periodicidad de sesiones,

Composición C.I.

Representantes Corporación en órganos colegiados

Designación Tesorero Corporación

Resoluciones Alcaldía (CG , Tte. Alcalde, Delegaciones

¿Dedicación exclusiva?

Delegación de Competencias del Pleno en la CG (Art. 38 - 51 ROFRJCL)

En la convocatoria faráse referencia a que los Portavoces de cada Grupo deben designar el miembro del incluso que adscriba la cada CI (art. 125 ROFRJCL, 44 ROM,20.1,c) y y) de la LBRL )

16º.- Notificación del acuerdo de la composición de las CI los concejales.

17º.- Remisión del acta de la sesión del Pleno la Xunta de Galicia y Subdelegado del Gobernador Civil (196.3 ROFRJCL y 56 de la LBRL)

LBRL: Ley 7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local

R.O.M.: Reglamento orgánico municipal

ROFRJCL: Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las

Entidades Locales

Orden del 15 de diciembre de 2010 por la que se regula la remisión obligatoria de determinada documentación de las entidades locales gallegas a la Xunta de Galicia y se suprime el formato papel en ellas

2011-04-15T19:46:00.004+02:00

Hola amigos:

En el D.O.G nº.: 247 del 27/12/2010, se publica la Orden del 15 de diciembre de 2010 por la que se regula la remisión obligatoria de determinada documentación de las entidades locales gallegas a la Xunta de Galicia y se suprime el formato papel en ellas.

Orden que en su artículo 2º dispone:

La remisión de las actas o extracto comprensivo de los actos y acuerdos de los plenos y juntas de gobierno local, así como la remisión de la copia del presupuesto general y de la liquidación de este por parte de las entidades locales gallegas, se realizará únicamente a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Xunta de Galicia mediante la aplicación disponible en el portal de la Xunta de Galicia www.eidolocal.com.

Se trata un nuevo procedimiento que mejora la eficiencia administrativa, reduce costes y acelera el tiempo de acceso a la información. Perooo.... para acceder a la citada página y aplicación hay que contar con el permiso de acceso que tiene que dar Eidolocal (supongo), y por lo que tengo averiguado (intenté el acceso y como no el conseguí me informé en Eidolocal) la Corporación tiene que estar dada de alta en el "Portelo Única" (adhesión que es voluntaria) o si no adherirse al "Convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Fegamp para el desarrollo de la administración electrónica en las entidades locales de la Comunidad autónoma de Galicia", que substitue al citado convenio de la "Ventanilla Única", adhesión que también es voluntaria.

Después de remitir las actas en formato papel (ante la imposibilidad de enviarla por vía telemática), se pusieron en contacto conmigo y en el teléfono 981545288 me dieron una solución: Cubrir un formulario que me facilitaron para darse de alta en el servicio de Eido Local, sin necesidad de estar adherido al mismo.
Sería más eficaz si de tal procedimiento se informara en la página web de EIDO LOCAL, y mucho mas si se pudiera hacer telemáticamente.
Pero el caso es que, una vez cumplimentados todos los requisitos burocráticos y ya con acceso al "Portal", el programa informático no me permite enviar la documentación, dando siempre un error en el envio. Puestos en contacto con el servicio técnico de la Xunta (después de pasar por varios teléfonos que te remiten a otro ... hasta llegar al personal "técnico"), ohhh sorpresa.. me atiende un individuo de enorme valía, por su claridad expositiva y capacidad de dar solución al problema, que me dice que la documentación la envie desde mi casa, porque pudiera ser que el problema derive de la incompatibilidad de explorador de internet que utilizamos en el Ayuntamiento con el programa de la Xunta, y que en todo caso el problema es "nuestro" y que nos apañemos.
Señorrrrr..... pense que en la Administración pública habiamos desterrado esas prácticas mas propias del "vuelva ussted mañana" o ¡¡¡¡¡no moleste, no ve que estoy leyendo la prensa!!!!

Resolución del 22 de marzo de 2011, de la Dirección Xeral de Administración Local, por la que se publican las bases que rigen la convocatoria de concurso ordinario de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

2011-04-05T19:12:00.002+02:00

AVISO a compañeros "INCAUTOS" o novatos, fijaros en los méritos:
De un total de 7,50 puntos de méritos "especificos (los fijados por la Corporación Local)
Secretaría Intervención: Ayuntamiento de Ramirás (Ourense).
a) Servicios prestados.
La puntuación máxima por este punto será de 3,60 puntos.
a.1.-Por servicios prestados como secretario/a-interventor/la en ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia, que formen parte de un consorcio creado para la recuperación y conservación de las zonas fluviales y para la gestión de escuelas-talleres: 0,10 por mes de servicio o fracción hasta un máximo de 2,20 puntos.

a.2.-Por servicios prestados como secretario/a-interventor/la en ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia con inmuebles en propiedad destinados a servicios de residencia de la 3ª edad y punto de atención a la infancia, que no estén consorciados y que, cuando menos, uno de ellos lo gestione directamente el ayuntamiento: 0,12 puntos por mes de servicio o fracción hasta un máximo de 1,40 puntos.

Seguro que algún compañero puede poner nombre a la plaza

Sentencia relativa a la necesidad de negociar con los Sindicatos mas representativos la Relación de Puestos de Trabajo

2011-04-05T16:13:00.001+02:00

FUNCION PUBLICA: Relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: impugnación: negociación colectiva: falta de; vulneración del principio de jerarquía normativa: existencia: impugnación procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 4775/2009
Ponente: Excmo Sr. Juan José González Rivas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Tercera- dictó Sentencia, en fecha19-05-2009, estimatoria del recurso deducido contra Orden 3773/2007, de 12 diciembre, del Ministerio de Justicia, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El TSdeclara no haber lugaral recurso de casación interpuesto.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil diez.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4775/2009, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2009 ( JUR 2009, 268612) , dictada en el recurso nº 104/08 ; sin que haya comparecido la parte recurrida, pese a estar emplazada en forma legal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó con fecha 19 de mayo de 2009 ( JUR 2009, 268612) sentencia en el recurso nº 104/08 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "1º) Estimar el recurso. 2º) Anular la Orden JUS/3773/2007, de 12 de Diciembre a que se contrae la litis. 3º) No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas".
SEGUNDO
.- Por escrito de entrada en este Tribunal en fecha 19 de octubre de 2009, se formaliza la interposición del presente recurso de casación por el Abogado del Estado en el que, tras exponer cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por conveniente, solicita de esta Sala "se dicte Sentencia que anule la resolución de instancia y consecuentemente se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, declarando la legalidad de la Orden JUS/3773/2007, de 12 de diciembre, aprobada en ejercicio de competencia delegada por el Secretario de Estado de Justicia".
TERCERO
.- Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 1 de diciembre de 2010.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
.- El objeto del presente recurso se concreta en determinar la conformidad a derecho de la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de mayo de 2009 ( JUR 2009, 268612) , dictada en el recurso nº 104/08 , que estima el recurso contencioso-administrativo promovido contra la Orden 3773/2007, de 12 de diciembre, del Ministerio de Justicia, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
SEGUNDO
.- Para determinar la aludida conformidad al ordenamiento jurídico procede tener en cuenta las siguientes circunstancias extraídas del análisis de la sentencia recurrida, que se funda, en síntesis, en los siguientes razonamientos extractados:
- La jurisprudencia atribuye a las relaciones de puestos de trabajo la consideración de reglamentos y ello ha encontrado reflejo no solo a efectos puramente procesales de considerar recurribles en casación las sentencias de instancia en la que se enjuicien las relaciones de puestos de trabajo, sino también para permitir la impugnación de determinaciones de la RPT con ocasión de los recursos dirigidos contra actos singulares de aplicación conforme al artículo 26 LJCA ( RCL 1998, 1741) (impugnación indirecta de las disposiciones de carácter general).
- En la Orden Ministerial impugnada en cuanto la regulación de la RPT del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) se detallan cuales van a ser los órganos de dirección, los departamentos y los distintos puestos, con las especialidades que van a existir dentro del cuerpo facultativo y los títulos que dan acceso a las mismas, además de los sistemas de provisión, características y funciones de los puestos y su alcance no se reduce a una simple publicación actualizada o una modificación de la RPT ya existente en aspectos no sustantivos o accesorios. Además, efectivamente normativiza creando y construyendo toda la actual estructura del INTCF y haciéndolo con una clara vocación de permanencia, por lo que está suficientemente justificado que se le asigne esa naturaleza reglamentaria, con las consecuencias que ello conlleva.
- La OM impugnada es un claro ejemplo del ejercicio de la competencia reglamentaria de los Ministros en materias propias de su departamento (art. 4.1 b y 23.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre ( RCL 1997, 2817) , del Gobierno .) y dada la naturaleza normativa de la RPT aquí cuestionada, la delegación de competencias para su aprobación que se amparaba en el apartado tercero, 3 e) de la Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero ( RCL 2005, 310) , por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos del Ministerio de Justicia encuentra el insuperable obstáculo de la prohibición contenida en el artículo 13.2 b ) de la LRJ-PAC 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) .
- En cuanto a la publicidad de la RPT del INTCF no fue debidamente publicada ya que únicamente se insertó en el BOE el acuerdo de aprobación pero no así el contenido integro de lo aprobado. Además, si partimos del carácter normativo de la RPT que nos ocupa ya que por su contenido no estamos ante un simple acto general sino ante una regulación abstracta con vocación de permanencia, la obligación de publicar íntegramente una disposición legal viene exigida por el artículo 52 de la Ley 30/1992 , aunque tal publicación no sea un requisito de validez sino de eficacia y la parte haya partido de cuestionar la validez.
- La Orden Ministerial impugnada altera la estructura del INTCF, tal y como viene establecida en el Real Decreto 862/1998 de 8 de mayo ( RCL 1998, 1383) por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Toxicología, vulnerando el principio de jerarquía normativa y en el caso que nos ocupa, esta contradicción, según la pirámide normativa, debe resolverse a favor de la norma legislativa de mayor rango (el Real Decreto), máxime cuando la disposición de inferior categoría (Orden Ministerial) se dice dictada para la aplicación del Real Decreto, como ocurre en el caso de autos.
- Las características esenciales del puesto de trabajo -funciones- y los requisitos exigidos para su desempeño no son conceptos a confundir, aunque las primeras determinen los segundos, ya que en cuanto a las primeras, las tareas que constituyen el núcleo definitorio del puesto de trabajo, podemos concluir que son las que resultan de la adscripción al Cuerpo y por ello justifican la exigencia de una titulación académica y una formación específica, pero en cuanto a los requisitos exigidos para su desempeño, si bien en el caso de las plazas a cubrir por concurso también pudieran resultar del Cuerpo para el que se convoca, no ocurre así con los de libre designación y sin olvidar que por este sistema sólo pueden proveerse los puestos directivos y aquellos otros en los que se pueda apreciar en ellos una especial responsabilidad y dedicación (art. 526-2 LOPJ ( RCL 1985, 1578) ), algo que está claramente conectado con los requisitos exigidos para su desempeño, sin que a tales efectos sea válido acudir a fórmulas genéricas de remisión a "competencia técnica y experiencia".
- Finalmente, en cuanto a la infracción del derecho a la negociación colectiva reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Publico, fácilmente se puede ver que la RPT que nos ocupa por su propio y singular contenido sustantivo y dentro los términos en que viene establecido por los artículos 15.1 b) de la Ley 30/1984 ( RCL 1984, 2000, 2317, 2427) , 74 de la Ley 7/2007 ( RCL 2007, 768) y 521 de la LOPJ, exige la negociación colectiva ya que afecta claramente a las condiciones de trabajo, entre otras, las retribuciones y criterios generales sobre la oferta de empleo publico pues la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público deben moverse dentro de los límites de la RPT. En consecuencia, la falta de negociación, cuando sea procedente y obligatoria, como es el caso de autos, supone la ausencia de un elemento esencial que vicia el procedimiento y hace nulo el acto ex artículo 62-1-e) de la LRJ-PAC 30/1992 .
TERCERO
.- El recurso que interpone el Abogado del Estado, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, aduce cinco motivos de casación, que son, en síntesis, los siguientes:
a) El primero considera que es inaplicable al supuesto litigioso el artículo 13.2.b) de la Ley 30/92 porque, partiendo de la naturaleza sustantiva de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) como actos plúrimos y no propiamente reglamentos, es perfectamente conforme a Derecho la aprobación de la Orden impugnada con base en el ejercicio de una competencia delegada.
b) El motivo segundo denuncia la infracción del artículo 521 de la LOPJ y de las Sentencias de esta Sala de 26 de mayo de 1998 ( RJ 1998, 5451) y 8 de enero de 2002 ( RJ 2002, 2047) al entender que la exigencia de publicidad contenida en el precepto de referencia no equivale, como sostiene la sentencia recurrida, con la obligación de publicación íntegra en el BOE, tanto más cuanto el efecto combinado de la publicación en el BOE de la Orden JUS/3773/2007 y la Disposición adicional primera de ésta, que se remite a la página Web del Ministerio de Justicia y los tablones de anuncio del propio Ministerio y del Instituto Nacional de Toxicología, satisface plenamente dicho requisito de publicidad.
c) El motivo tercero denuncia la infracción por la sentencia recurrida del artículo 10 de la Ley 6/97 ( RCL 1997, 879) , por cuanto la Orden impugnada se ajusta plenamente a la estructura del Instituto Nacional de Toxicología regulada en el Reglamento del mismo aprobado por Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo , y no vulnera el principio de jerarquía administrativa.
d) El motivo cuarto denuncia la infracción del artículo 521 de la LOPJ , pues la RPT aprobada por la Orden y anulada por la sentencia recurrida cumple los requisitos obligatorios de desempeño de los puestos de trabajo según señala el apartado 3 de dicho precepto, así como los requisitos facultativos a que se refiere su apartado 4 y aun siendo estos últimos de libre determinación por la Administración, su no exigencia no supone vulneración de precepto alguno.
e) El motivo quinto denuncia la vulneración de los artículos 30, 31 y 34 de la Ley 9/87 ( RCL 1987, 1450) , 31 a 46 del EBEP (Ley 7/07 ) y 28 y 37 de la CE ( RCL 1978, 2836) en relación con la necesidad de negociación colectiva, pues consta que el sindicato CSI-CSIF fue oído previamente a la aprobación de la RPT, no obstante señalar que cuando se trata del ejercicio de potestades discrecionales, cual es la potestad de autoorganización, no es un derecho de los sindicatos la incorporación de todas sus propuestas en la materia objeto de negociación.
CUARTO
.- Por razones de estricta sistemática procesal y siguiendo criterios jurisprudenciales precedentes (por todas, STS 30 de septiembre de 2010 ( RJ 2010, 6885) , al resolver el recurso de casación 2566/09 ) procederemos al examen, en primer lugar, del cumplimiento o no de aspectos sustanciales que afectan al proceso de elaboración de la Orden JUS/3773/2007 de 12 de diciembre, sobre el motivo quinto, relativo a la exigencia de negociación colectiva y después al análisis de la posible vulneración del principio de jerarquía normativa (motivo tercero) y del contenido de la descripción de los puestos de trabajo (motivo cuarto), para determinar si a la vista del examen de estos motivos es suficiente el mantenimiento del pronunciamiento anulatorio de la sentencia recurrida.
Siguiendo el esquema trazado y empezando por el análisis del quinto motivo, el Abogado del Estado denuncia la vulneración de los artículos 30, 31 y 34 de la Ley 9/87, 31 a 46 del EBEP (Ley 7/07 ) y 28 y 37 de la CE en relación con la necesidad de negociación colectiva, pues señala el Abogado del Estado que cuando se trata del ejercicio de potestades discrecionales, cual es la potestad de autoorganización, no es un derecho de los sindicatos la incorporación de todas sus propuestas en la materia objeto de negociación.
Sobre esta cuestión hemos manifestado en nuestra Sentencia de 13 de marzo de 2006 ( RJ 2006, 1110) -rec. 5754/01 - que "El artículo 34 de la Ley 9/1987, de 12 de junio , de Órganos de Representación, determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, precisa respecto de los funcionarios públicos, que quedan excluidas de la negociación colectiva las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. A propósito de ellas solamente reconoce a los sindicatos un derecho de consulta cuando puedan tener repercusiones sobre las condiciones de trabajo. Por tanto, como se ha dicho la relación de puestos de trabajo en cuanto instrumento de ordenación del personal mediante el que se realiza la potestad organizativa queda fuera de la negociación colectiva aunque no de la obligación de consultar a las organizaciones sindicales".
Ahora bien, el argumento del Abogado del Estado se funda en lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 9/1987, de 12 de junio , que regula los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el que expresamente quedaban excluidas de la obligatoriedad de la consulta o negociación, en su caso, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
Frente a estas afirmaciones, procede subrayar que el razonamiento utilizado por la sentencia recurrida consiste precisamente en que dicho precepto ha sido derogado por la Ley 7/2007 , del Estatuto Básico del Empleado Público, a la sazón vigente, novedad que, en su artículo 37.2 aclara qué condiciones de trabajo deben ser objeto de negociación obligatoria, aunque pretendan establecerse como consecuencia del ejercicio por la Administración de sus potestades de organización.
Así lo dispone el citado artículo 37-2 a) 2 cuando añade a continuación el siguiente párrafo "Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto". Y en el artículo 37.1 .c) se recogen, entre otras, "c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos".
En consecuencia, la nueva regulación exige, contrariamente a lo prevenido en la Ley 9/87 , que las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización, entre las que cabe citar las relativas a la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, en cuanto repercutan en las condiciones de trabajo de los funcionarios, sean objeto de negociación con las organizaciones sindicales.
QUINTO
.- Sobre este punto y siguiendo la doctrina jurisprudencial de las sentencias de esta Sala y Sección de 21 de marzo ( RJ 2002, 4319) y 8 de noviembre de 2002 ( RJ 2002, 10314) partimos de las siguientes premisas:
a) El análisis de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, no puede desconocer el marco constitucional y el contexto en que ese marco se desarrolla.
El artículo 28.1 de la CE reconoce el derecho de libertad sindical y acoge la pretensión de los sindicatos de participar en un proceso de negociación en cuanto que es parte esencial de su acción representativa, como reconocen las sentencias constitucionales núms. 53/82 de 22 de julio ( RTC 1982, 53) , 7/90 de 18 de enero ( RTC 1990, 7) , 13/90 de 26 de febrero , 184/91 de 30 de septiembre ( RTC 1991, 184) , 75/92 de 14 de mayo , 168/96 de 29 de octubre , 90/97 de 6 de mayo ( RTC 1997, 90) , 80/2000 de 27 de marzo ( RTC 2000, 80) y 224/2000 de 2 de octubre ( RTC 2000, 224) .
El artículo 37.1 de la Constitución reconoce el derecho de negociación colectiva y de él se deriva tanto la garantía de una libertad negocial como la existencia de un mandato al legislador para establecer un sistema eficaz de negociación, habiendo destacado el Tribunal Constitucional en STC núms. 4/83 de 28 de enero ( RTC 1983, 4) , 12/83 de 22 de febrero , 37/83 de 11 de mayo , 59/83 de 6 de julio , 74/83 de 30 de julio ( RTC 1983, 74) , 118/83 de 13 de diciembre , 45/84 de 27 de marzo , 73/84 de 27 de junio , 39/86 de 31 de marzo , 104/87 de 17 de junio , 75/92 de 14 de mayo ( RTC 1992, 75) , 164/93 de 18 de mayo , 134/94 de 9 de mayo , 95/96 de 29 de mayo y 80/2000 de 27 de marzo ( RTC 2000, 80) , que la negociación colectiva forma parte del derecho de libertad sindical, concebido como medio primordial de acción sindical para el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los Sindicatos en el artículo 7 de la CE .
b) En esta línea, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( RCL 1985, 1980) reconoce en su artículo 2.2 el derecho de las Organizaciones Sindicales a la negociación colectiva, sin distinciones o matizaciones respecto de los funcionarios públicos y su participación institucional y acción sindical en el artículo 6.1 , lo que resulta también de aplicación en virtud de los Convenios Internacionales ratificados por España, en especial los Convenios nº 151 ( RCL 1984, 2804) y 154 de la OIT ( RCL 1985, 2677) , que imponen la obligación de adopción de procedimientos que permitan la participación de los representantes de los funcionarios en la determinación de las condiciones de empleo y que la negociación colectiva sea aplicable a la Administración pública.
c) Como dice la sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2008 ( RJ 2008, 3742) (rec. 9431/03 ), no hay duda de que cualquier organización sindical está legitimada para impugnar una Relación de Puestos de Trabajo y tiene, al menos, un interés legítimo en que la Administración someta a negociación o a consulta, aunque sea con otros sindicatos, cualquier resolución que afecte a las condiciones de trabajo de los funcionarios
La aplicación de la doctrina precedente al caso examinado conduce a estimar la vulneración del artículo 28 de la Constitución en relación con los artículos 37 y 103.3 de la Constitución y 37.2 .a) del EBEP por cuanto, si como consta en las actuaciones, se ofreció un trámite de consulta a los Sindicatos en el procedimiento de elaboración de la RPT en el que éstos formularon alegaciones -procedimiento válido vigente la ley 9/87 en la que, como se ha expuesto, primaba la dimensión de potestad autoorganizativa en la aprobación de las RPTs-; sin embargo, no hubo una autentica negociación colectiva a través del instrumento idóneo cual es la Mesa de negociación, que permite, entre otras cosas, que los razonamientos de los representantes de los funcionarios puedan ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar la disposición recurrida. Por ello, tratándose de un requisito relacionado con el ejercicio de un derecho fundamental, su ausencia debe valorarse como equivalente a la omisión de un esencial trámite procedimental incardinable en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/92 , como ha entendido la Sala de instancia.
Por lo expuesto, el motivo quinto del Abogado del Estado no puede ser acogido.
SEXTO
.- En el motivo tercero de casación el Abogado del Estado denuncia la infracción por la sentencia recurrida del artículo 10 de la Ley 6/97 , por cuanto la Orden impugnada se ajusta plenamente a la estructura del Instituto Nacional de Toxicología regulada en el Reglamento del mismo aprobado por Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo , y no vulnera el principio de jerarquía administrativa.
En el caso examinado, la sentencia recurrida considera que sí se ha vulnerado ese principio de jerarquía pues, como alegó la parte actora en su recurso, se suprimen órganos, se cierran servicios, se establecen diferentes condiciones para el acceso a los puestos de trabajo, entre otros incumplimientos, no obstante el carácter genérico de los argumentos utilizados, siendo el actor, en su escrito de demanda, quien concretaba los supuestos en los que se vulnera el principio de jerarquía normativa al modificar la Orden impugnada las previsiones contenidas en el Real Decreto 862/98 : a) La supresión en el artículo 2 de la Orden de la Comisión de Coordinación prevista en el artículo 6 y regulada en el artículo 10, ambos del RD 862/98 . b) El anexo de la Orden al establecer que el Director del INTCF será un funcionario del Grupo A, cuando el artículo 7 del RD 862/98 dispone que para dicho puesto "participarán facultativos del Instituto de Toxicología". c) La supresión en la Orden impugnada del Servicio de Información Toxicológica en los Departamentos de Sevilla y Barcelona, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 5 del RD 862/98 .
Como reiteradamente tiene declarado este Tribunal Supremo, la Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando los requisitos para el desempeño de cada puesto y comprendiendo la denominación y características esenciales de los mismos, requisitos exigidos para su desempeño y determinación de sus retribuciones complementarias.
Pero ello no impide que la Administración Pública, tanto al elaborar como al modificar dichas Relaciones de Puestos de Trabajo, no deba cumplir determinados requisitos, entre ellos, el respeto al principio de jerarquía normativa, por lo que no es jurídicamente admisible que a través de dicho instrumento técnico se modifique lo previsto en una disposición de carácter reglamentario.
Tal apreciación resulta constatable del examen comparativo del Real Decreto 862/1998 y de la Orden Ius 3773/2007 , lo que además se evidencia en el informe que emite el CGPJ, con fecha 26 de noviembre de 2007, que subraya como la Orden no recoge el diseño descrito en el articulado del citado Real Decreto y en los informes de los Directores de los Departamentos del INTCF de Madrid (8 de mayo de 2007 ) y de Sevilla, de la Jefatura de Drogas del Departamento de Madrid (7 y 17 de septiembre de 2007), así como los informes, obrantes en las actuaciones, de las Centrales Sindicales CSI, CSIF, CC.OO. y UGT, también se recoge tal consideración.
Por lo expuesto, este motivo no puede ser acogido.
SEPTIMO
.- En el motivo cuarto el Abogado del Estado denuncia la infracción del artículo 521 de la LOPJ , pues la RPT aprobada por la Orden anulada por la sentencia recurrida cumple, a juicio del Abogado del Estado, los requisitos obligatorios de desempeño de los puestos de trabajo según señala el apartado 3 de dicho precepto, así como los requisitos facultativos a que se refiere su apartado 4 , aun siendo estos últimos de libre determinación por la Administración y su no exigencia no supone vulneración de precepto alguno, todo ello en relación con los puestos de trabajo cuya cobertura se realiza por el sistema de libre designación.
Sobre este motivo debemos subrayar los criterios esenciales de esta Sala asumiendo un criterio de la jurisprudencia precedente sobre la libre designación que, en síntesis, concretamos del siguiente modo:
- La Sentencia de 30 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 3743) -rec. 3720/00 - asumiendo un reiterado criterio de la jurisprudencia afirma que "el sistema de libre designación previsto en la Ley difiere sustancialmente de un sistema de libre arbitrio, ya que su perfil viene delimitado por los siguientes elementos: a) tiene carácter excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso; b) se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones; c) sólo entran en tal grupo los puestos directivos y de confianza que la Ley relaciona (Secretarías de altos cargos y los de especial responsabilidad; d) la objetivación de los puestos de esta última clase ("especial responsabilidad") está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán incluir, "en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos" y serán públicas".
- En la Sentencia de 16 de julio de 2007 ( RJ 2007, 6783) (rec. 1792/04 ) hemos reiterado que el procedimiento de la libre designación "es efectivamente uno de los sistemas previstos por la Ley 30/1984 para proveer los puestos de trabajo reservados a funcionarios públicos. Así lo dispone su artículo 20.1 b), precepto de carácter básico conforme al artículo 1.3 de ese mismo texto legal. La jurisprudencia que ha interpretado este precepto ha sido constante a la hora de recordar el carácter excepcional de esta forma de provisión de puestos de trabajo y de imponer a la Administración la carga de justificar que procedía recurrir a él en cada caso".
También son numerosas las Sentencias que se pronuncian en ese sentido como las de 12 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 2577) (casación 1620/2002 ), 12 de febrero de 2007 ( RJ 2007, 1289) (casación 6735/2001 ) y 6 de noviembre de 2006 ( RJ 2006, 7827) (casación 4576/2001 ).
OCTAVO
.- En el presente caso lo que se cuestiona no es tanto la decisión sobre la provisión de determinados puestos de trabajo mediante este sistema de cobertura cuanto si se han especificado las funciones o requisitos de tales puestos en la relación de puestos de trabajo litigiosa.
Sostiene el Abogado del Estado que en la RPT impugnada se cumple plenamente el artículo 521 de la LOPJ relativo a las relaciones de puestos de trabajo y la sentencia recurrida razona que el contenido de este precepto, además de su pertinente aplicación al supuesto examinado como norma especial, resulta más exigente que la regulación contenida en el artículo 15.1.b) de la Ley 30/84 tras su modificación por la Ley 62/2003 ( RCL 2003, 3093) .
Al valorar esta cuestión, la Sentencia de 10 de febrero de 2010 -rec. 5484/06 - señala que la determinación de las concretas funciones que corresponden a cada uno de los puestos de trabajo es una necesidad directamente vinculada a los principios de mérito y capacidad proclamados por el articulo 23.2 de la CE , pues efectivamente el conocimiento de tales funciones es el que permitirá valorar si los actos administrativos de ordenación y gestión del personal cumplen debidamente con ese parámetro constitucional. Pero es lo cierto que la nueva redacción del artículo 15.1.b) de la Ley 30/1984 -la llevada a cabo por la Ley 62/2003- ha omitido la exigencia que en el texto anterior de ese mismo precepto figuraba de que la RPT indicara las características esenciales de los puestos y para disipar cualquier duda sobre la voluntad legislativa de prescindir de esa descripción de funciones, la exposición de motivos de esa Ley 62/2003 delimita y acota que los elementos que merecen la consideración de características esenciales son únicamente los que aparecen en el nuevo texto normativo, entre los que no se incluye la descripción de funciones del puesto, porque, como ya se avanzó, dicha exposición se expresa en estos términos: "En cuanto al régimen general del personal funcionario y estatutarío, se modifican diversos preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública. Así se fija expresamente qué elementos se estiman como características esenciales del puesto de trabajo que deben figurar en la relación de puestos de trabajo para la Administración General del Estado y para el conjunto de las Administraciones públicas".
Pero esta nueva redacción del artículo 15.1.b) de la Ley 30/84 operada por el artículo 50.1 de la Ley 62/03 no difiere de lo establecido en el artículo 521.2 de la LOPJ. Así, el primero de los preceptos aparece redactado en los siguientes términos: "b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral".
Por su parte, el artículo 521.2 de la LOPJ establece que: "Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo de las distintas unidades que componen la Oficina judicial, incluidos aquellos que hayan de ser desempeñados por Secretarios Judiciales, e indicarán su denominación, ubicación, los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el complemento específico".
Como se observa, en ambos preceptos es común la expresión "los requisitos exigidos para su desempeño" y en este punto, la sentencia recurrida entiende que en el caso del artículo 521.2 de la LOPJ la misma tiene un alcance preciso en el sentido de que la RPT ha de especificar los requitos exigidos para el desempeño de los puestos para cuya provisión se prevé el sistema de libre designación, resultando pertinente la aplicabilidad en este caso de lo declarado en la ya citada Sentencia de 10 de febrero de 2010 , por lo que este motivo no puede ser acogido.
NOVENO
.- Llegados a este punto y analizados los motivos sustanciales de la cuestión planteada se mantiene inalterable el contenido estimatorio de la sentencia recurrida que anula la Orden Jus 3773/2007 de 12 de diciembre, sin que el análisis de los motivos primero y segundo, enmarcados en un ámbito formal, alteren tal conclusión.
DECIMO
.- Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de casación, sin imposición de costas a la parte recurrente ante la incomparecencia de la parte recurrida en casación.
FALLAMOS
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación 4775/2009 interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2009 ( JUR 2009, 268612) , que anula la Orden Jus 3773/2007 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, sobre relación de puestos de trabajo. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico

El alcalde de Gondomar vetó a la secretaria para poder dar licencias

2011-04-04T15:25:00.005+02:00

POLÉMICA MEDIDAEl alcalde de Gondomar vetó a la secretaria para poder dar licencias

Las dos funcionarias apartadas del urbanismo lo denuncian ante el fiscal

A. MARTÍNEZ

GONDOMAR / LA VOZ

29/3/2011

El alcalde de Gondomar, Martín Urgal, declaró ayer que el veto a la secretaria municipal y a la técnico de administración general en materia urbanística responde a la necesidad de otorgar licencias de obra en el municipio que generen empleo.

El regidor del PP reconoció que la polémica medida que han adoptado responde fundamentalmente a que desde el gobierno municipal no están de acuerdo con que estas funcionarias informen negativamente sobre los permisos de obras. Por ese motivo han puesto la gestión urbanística del Concello en manos de una asesoría externa que cobrará 17.500 euros por emitir informes durante los próximos seis meses. «Cuando yo permito arreglar un tejado o hacer una casa sé que estoy generando como mínimo seis puestos de trabajo y eso me importa más que lo que digan los funcionarios», manifestó ayer Martín Urgal, para quien la decisión de apartar a la secretaria del Ayuntamiento de los asuntos urbanísticos es «inamovible».

Las dos funcionarias afectadas por esta decisión han denunciado al alcalde y al edil de Urbanismo ante la Fiscalía, a la que han pedido que abra una investigación para determinar el motivo por el que desde el gobierno municipal se están poniendo trabas a las obligaciones que tienen asignadas de informar y dar fe de las resoluciones que se emiten desde la junta de gobierno. También desde la oposición del BNG se ha reclamado tanto a la Fiscalía como a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que se impliquen en la búsqueda de una solución que garantice la legalidad de la acción municipal para no perjudicar a los vecinos.

Tanto la secretaria como la técnico de administración general se niegan a informar favorablemente de la concesión de licencias porque Gondomar es un municipio que no tiene planeamiento, al haber sido anulado judicialmente el que estaba en vigor y que fue aprobado en 1997.

El alcalde de la anterior corporación, Carlos Silva Mariño, también intentó obligarlas a hacerlo y, al final fue el político el que acabó condenado e inhabilitado por un presunto delito de prevaricación urbanística.

Los actuales regidores locales se basan en la vigencia de las normas subsidiarias anteriores al Plan Xeral para obligar a las dos trabajadoras a no poner objeciones para poder dinamizar el sector de la construcción en el municipio.

«Cada licencia de obra que doy genera empleos y eso puede más que lo que digan los funcionarios»
Martín Urgal

Mas sobre el tema en:
http://www.farodevigo.es/comarcas/2011/03/29/comite-denuncia-anos-acoso-amenazas-funcionarios-gondomar/530749.html

Jesússsss ...... si cuando un regidor tiene un concepto patrimonial de la Administración Pública surgen situaciones esperpenticas.... como esta, que al final la pagan lo funcionarios que tienen la obligación de informar conforme a Lei, y claro.... si esta no es favorable a los "intereses del que manda....." se arremete contra el mensajero...
.
Esperemos que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, así como la Fiscalía actuen, cada uno, defendiendo los intereses generales que le son propios..

NOTAS DE UNA PRIMERA LECTURA DE LA LEY 2/2011, DEL 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

2011-03-23T15:33:00.001+01:00

El compañero y amigo Manuel Castiñeira, lleva varios años, desde la Diputación provincial de Lugo, desarrollando una apreciable labor de apoyo y asesoramiento jurídico - administrativo a los ayuntamientos de la provincia; remitiéndonos periódicamente información sobre las novedades legislativas que nos afectan en nuestro trabajo diario.

Como entiendo que dicha información excede el interés provincial, y debería tener un alcance superior, una vez puesto en contacto con él, solicitarle y obtener autorización para publicar sus escritos en este Blog, procedo a publicar estos interesantes apuntes, comenzando por el recibido recientemente:

NOTAS DE UNA PRIMERA LECTURA DE LA LEY 2/2011, DEL 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES

Preámbulo

De lectura recomendable siempre, pero en especial en esta Ley, por la diversidad de materias reguladas ya que se trata de una verdadera ley omnibus. En especial los apartados:

- III referido al título I con medidas relativas la estabilidad presupuestaria, haciendas locales y contratación

- IV, referido al título II en el que se modifica la Ley 7/85 para restringir la posibilidad de exigir licencias a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general vinculadas con la protección de la salud, y seguridad públicas, al medio ambiente y al patrimonio histórico artístico. Modificara también el TRLHaciendas Locales permitiendo exigir tasas por las actividades de verificación y control de las actividades no sujetas a control previo.

Se toman medias de simplificación administrativa y de impulso para la ampliación del ámbito del silencio administrativo positivo

Se aborda la reforma de la actividad catastral, modificándose el TRLCatastro Inmobiliario, aprobado por Real decreto legislativo 1/2004, del 5 de marzo.

- V del que destacamos las previsiones de actuaciones específicas en materia de rehabilitación de vivienda y la articulación de planes de movilidad sostenibles de diversos ámbitos territoriales

MODIFICACIONES NORMATIVAS DE INTERÉS LOCAL:

Artículo 4.- Principio de buena regulación

La Ley establece unos principios de buenas prácticas regulatorias o de buena regulación, que en el que afecta a los ayuntamientos los debemos tener en cuenta a hora de elaborar, tramitar y aprobar reglamentos y ordenanzas así como en el planeamiento urbanístico general. Tales principios son: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. ( artículo 4)

En esta orden cosas en el artículo 5 se establecen instrumentos para la mejora de la regulación en las AAPP, y en el artículo 6 el deber de revisión periódica de la normativa propia para evaluar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y buena regulación

Artículo 32.- Principio de sostenibilidad presupuestaria

El artículo 32 introduce en nuestro ordenamiento jurídico el principio de “sostenibilidad presupuestaria” de las finanzas públicas, entendida como la capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros, debiéndose garantizar a tal efecto la aplicación de los principios y normas reguladoras de la estabilidad presupuestaria, concepto distinto del anterior ya que la sostenibilidad parece hacer referencia capacidad global de financiar los compromisos de gastos y la estabilidad presupuestaria hace referencia a la financiación de los compromisos de gastos mediante recursos presupuestarios no financieros.

Artículo 36.- Cumplimiento del deber de remisión de información relativa a la Liquidación de los presupuestos municipales

Esta norma prevé, en el caso de incumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a la liquidación presupuestaria, la retención a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente el importe de las entregas mensuales a cuenta en la participación en los tributos del Estado y hasta que se produzca la remisión de la información

Artículo 37.- Generalidades y aspectos normativos relativos a la colaboración público- privada en el ámbito de la contratación de escasa aplicación a nuestros municipios.

Artículo 40.- Anuncio de una nueva regulación del silencio administrativo en el plazo de tres meses.

Deber de las CCAA de evaluar la existencia de razones imperiosas de interés general que justificar el mantenimiento del silencio administrativo negativo en los procedimientos regulados por normas anteriores a la entrada en vigor de la redacción dada al artículo 43 de la Ley 30/02, por la Ley 25/2009, del 22 de diciembre (Ley omnibus)

a) Modificaciones de la Ley 7/1985

Artículo 41, añade uno en el artículo 84.bis por lo que se establece:

- Reafirmación de que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otra medida de control preventivo. La norma es el ejercicio de actividades sometidas la declaración responsable o comunicación previa, la excepción es la exigencia de control previo al inicio de la misma, que además de estar necesariamente establecido en una norma con rango de ley (artículo 5 Ley 17/2009) y por las razones imperiosas de interés general recogidas en el artículo 84.bis, siempre además que esté justificada y sea proporcionada.

Las razones imperiosas de interés general que se pueden invocar son: Protección de la salud, y seguridad públicas, de en medio ambiente y del patrimonio histórico artístico, cuando se produzca un uso privativo y ocupación de bienes de dominio público.

Como puede comprobarse y según los principios establecidos ya en la Ley 17/2009, no aparece el urbanismo o el entorno urbano como razón imperiosa de interés general con el cual cada vez parece más difícil de sostener la falta de transposición a la Ley 9/2002 ( LOUGA) de estos principios, excepto cuando se afecte al patrimonio histórico artístico y al dominio público.

Se prevé un supuesto específico de concurrencia de autorizaciones, en los que se deberá motivar expresamente la justificación de la necesidad de la autorización municipal señalando el concreto interés general que se pretende proteger y que este no se encuentra ya protegido por la autorización ya existente expedida por otra Administración pública.

No se me ocurre en esta primera lectura ningún supuesto en el que, respeto a los ayuntamientos de la provincia, debamos tener en cuenta esta concreta previsión legal, ya que en el caso de las autorización ambientales integradas el concreto procedimiento está regulado por norma con rango de Ley.

Considero que igual criterio resulta de aplicación cuando se trata de actividades sometidas la declaración de impacto ambiental y evaluación del incidente ambiental, de conformidad con el prevenido en la Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia y del decreto 133/2008.

En esta orden de cosas decir que por lo que hace referencia las autorizaciones en supuestos de grandes superficies comerciales a Ley de comercio interior de Galicia ya recoge la debida coordinación con la supresión de la licencia municipal de actividad, pero no así la de apertura que protege bienes jurídicos diversos de la autorización autonómica, esta vela por los interés supramunicipales en juego: ordenación territorial, transportes, etc.; aquella por la seguridad y salubridad pública, accesibilidad, vertidos a red municipal, ruidos, ordenación urbanística,etc.

Se añade asimismo el artículo 84.tener, sobre el deber de habilitar procedimientos para actividades no sometidas a control previo y el deber de control, inspección y verificación posterior del cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la misma.

Al respeto cuido que la ordenanza tipo reguladora de la apertura de actividades económicas en régimen de declaración responsable, que se elaboró por este servicio de cooperación y asistencia a los ayuntamientos, responde la estos principios y normas, ordenanza que con toda seguridad ya dispondréis de ella cuando os lleguen estos comentarios de urgencia a la ley de economía sostenible.

b) Modificación del TRLFL

Se modifica la letra i) del artículo 20.4 del real decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo. Modificación ciertamente trascendente y que dota de la necesaria seguridad jurídica y amparo normativo con rango de Ley formal (principio de reserva de ley en la determinación de los hechos imponibles), con esta modificación ya no cabe duda de que pueden establecerse tasas por las labores administrativas de control posterior en las actividades sometidas a un régimen de autorización mediante declaración responsable o comunicación previa.

Tenemos elaborada al efecto la correspondiente ordenanza tipo que se enviará en los próximos días.

c) Modificaciones de la Ley 30/2007 de contratos del sector público. Disposición final decimosexta.

Estamos delante de una nueva modificación de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, de la que a los efectos de estas notas destacaremos las siguientes:

Modificación del régimen jurídico de los contratos personales: nueva redacción artículo 20.2, por la que se aplican la estos contratos las normas sobre modificación de los contratos administrativos.

Sucesión del contratista: artículo 73.bis

Valor estimado de los contratos: artículo 76.1 en el que se deberá incluir las modificaciones previstas de conformidad con el dispuesto en el artículo 93 tener de la LCSP.

Profundísima alteración del régimen de modificación tanto administrativos cómo privados: Nuevos artículos 92.bis, 92.tener, 92 cuarter y 92 quinquies.

Establece un distinción fundamental entre:

d.1.- Modificaciones prevista en los pliegos o en el anuncio de licitación, detallándolas de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones, con expresa fijación del límite cuantitativo de la misma, expresado en forma de porcentaje del precio del contrato

d.2.- Modificación no prevista o sobrevenidas para lo cual deben concurrir justificadamente alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 92.cuarter.

d.3.- Nueva redacción al artículo 195

d.4 .- Nueva redacción al artículo 202

d.5.- Nueva redacción del artículo 217: modificación del contrato de obras.

d.6.- Nueva redacción al artículo 258. Modificación contrato de gestión de servicios públicos.

d.7- Nueva redacción del artículo 277. Modificación del contrato de suministro.

d.8.- Nueva redacción artículo 282. Modificación contratos de servicios de mantenimiento.

Y.- Modificación del artículo 155.b) referida la contratación de las obras complementarias así como a los criterios para calificarlas como tales. Sustitución de la concurrencia “de una circunstancia imprevista”, por “ una circunstancia que no pondera haberse previsto por un poder adjudicador diligente”

f.- Modificación del artículo 158.b) referida la contratación de servicios complementarios así como a los criterios para calificarlos como tales. Sustitución de la concurrencia “ de una circunstancia imprevista”,por “ una circunstancia que no pondera haberse previsto por un poder adjudicador diligente”

g.- Modificación del artículo 195, rebajando la porcentaje de la cuantía del contrato para que sea preceptivo el informe del Consejo Consultivo de la C A en los procedimientos para adopción de acuerdos sobre interpretación, modificación y resolución del contrato

h.- Modificación de la regulación de la resolución de los contratos. Artículos. 206, 207 (nueva redacción). Modificación de los artículos 209,210. Nueva redacción artículos 220, 275 y 284.

i) Modificación , con efectos del 1 de Janeiro de 2010, del párrafo 1 del artículo 8 (disposición final quincuagésima quinta)

y) Modificación de la ley general tributaria

y.1. Notificación por comparecencia,

Dase nueva redacción al artículo 112 en el que se regula la notificación por comparecencia, aspecto este ciertamente importante al establecerse que el anuncio pueda publicarse una única vez y por medio de la sede electrónica si así se regula por ordenanza.

y.2.- Supresión del párrafo 2 del artículo 2 ( Disposición final quincuagésima octava)

f) Modificación del TR de la Ley del Catastro Inmobiliario. (Disposición final decimoctava.

Afecta al contenido, al concepto y clases de los bienes inmuebles, a los procedimientos de incorporación de bienes al catastro, entre otras.

g).- modificación de la Ley 15/99, de protección de la datos de carácter personal ( disposición final quincuagésima sexta)

OTRAS NORMAS DE INTERÉS

Artículo 79.- Posibilidad de financiarse por los ayuntamientos, entre otras administraciones, las inversiones dirigidas a la construcción, adquisición y la adaptación de medidas de accesibilidad física y sensorial de todas las instalaciones y equipaciones destinadas a los centros públicos de formación profesional.

Artículo 81.3.- Impera el establecimiento de marcos de cooperación y coordinación con las EELL en el campo de planificaciòn energética.

Artículo 84.- Aplicación del principio de simplificación administrativa hacia eliminación de barreras técnicas y administrativas para el desarrollo de las energías renovables y el ahorro energético.

El ministerio de Industria, Turismo y Comercio viene obligado a establecer un catálogo de trámites y procedimientos a seguir para la implantación de instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables y cogeneración de alta eficiencia energética

Artículo 85.-Todas las Administraciones Públicas deberán establecer programas específicos de ahorro y eficiencia energética tratando de anticipar el objetivo de ahorro energético del 20 por 100 en 2016. estos programas establecerán requerimientos mínimos para los vehículos patrimonio de las AA PP . El establecimiento de estos programas y su cumplimiento será evaluado ( artículo 86).

Esta fijación de objetivos y buenos deseos programáticos, más que normas jurídicas parecen programas o planes estratégicos de gobernanza global que implican a todas las AA PP, pero el cierto es que está en el articulado de la ley y así lo recogemos.

Artículos 105 y 106.- Establecen de forma novedosa normas imperativas de aplicación en las adquisiciones de vehículos por las AAPP y por tanto por las EELL, referidas a transportes limpios y energéticamente eficientes.

Artículo 108. - Formación y actualización permanente de un sistema informativo general e integrado que comprenda cuando menos:

- Censos de edificios, locales, viviendas , etc. desocupados y de los precisen rehabilitación.

-Sistema público general e integrado de información sobre el suelo y el planeamiento general que posibilite la información urbanística electrónica por parte de los ciudadanos.

Artículo 110.- Calificación de las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas como actuaciones de transformación urbanística prevenidas por el artículo 14.1 de la Ley del suelo. Derecho de realojo (110.3). Naturaleza reglamentaria de los programas, planes y demás instrumentos ordenadores de la rehabilitación cuando se tramiten mediante procedimientos distintos de los de aprobación del planeamiento.

Artículo 111.- Perfeccionamiento de los instrumentos de ejecución a cargo del propietario de las obras de conservación y rehabilitación de edificios, referidos a obras de accesibilidad, seguridad, adecuación de instalaciones, eficiencia energética y de consumo de agua, reducción de emisiones, entre otras, así como de las previsiones de la ley de propiedad horizontal sobre uso y de elementos comunes, potestades de la Junta de Propietarios,etc..

Determinación de la afición real directa e inmediata de las hincas privativas de los regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario al cumplimiento del deber de costear las obras de rehabilitación o mejora reguladas en este artículo.

Disposición adicional primera. Responsabilidad por incumplimiento de la normativa comunitaria.

Norma continuadora de las previsiones de la Ley 17/2009 en relación a la declaración de responsabilidad, en la parte que resulte imputable a una determinada Administración Pública, cuando el Reino de España sea sancionado por incumplimiento de la normativa comunitaria.

Disposición adicional sexta.- establece la metodología para el cálculo de los cuestes de utilización durante la venida útil de los vehículos en energía y emisiones de CO2 a tener en cuenta cuando se proceda la adquisición de un vehículo a motor.

Disposición adicional séptima.- (Administración electrónica) Importante modificación de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos estableciendo el deber de establecer programas y calendarios de trabajo para hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos por el artículo 6 de la Ley 11/2007, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley de economía sostenible

Disposición adicional octava. Evaluación sobre la normativa existente sobre licencias locales de actividad.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley de economía sostenible el gobierno deberá evaluar la existencia de razones imperiosas de interés general previstas por el artículo 84 bis de la Ley 7/85 en las previsiones sobre licencias locales de actividad, presentando en el incluso plazo un proyecto de ley de modificación de las normas en las que no concurran tales razones aquellas razones.

Las CC AA y las EE LL en el plazo de 12 meses deberán adaptar su normativa al previsto en el artículo 84,bis. Entiendo que en Galicia estamos obligados a revisar algunos aspectos de la LOUGA en el referido la exigencia de previa licencia para todo tipo de obra así como a dictar la legislación precisa en materia de establecimientos y espectáculos públicos.

Pienso también que sería muy deseable a modificación de la Ley 1/95 de protección ambiental de Galicia, para dar soporte jurídico suficiente al Decreto 133/2008 en materia de licencias de apertura.

DERECHO TRANSITORIO

DT 7ª.- Contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Se regirán en cuanto a los efectos, cumplimiento, extinción, duración y prorrogas por la normativa anterior. Por lo tanto las modificaciones de los contratos adjudicados se regirán por la normas contenidas en esta Ley ( Ver D F decimosexta).

CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD – CNIS

2011-02-09T22:54:00.003+01:00

NOTA DE PRENSA

La sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, acogerá los días 22 y 23 de febrero 2011, el “CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD-CNIS” el principal foro de debate sobre los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad al año de su aprobación.

— CNIS está organizado por el Club de Innovación, especialista en la divulgación y el fomento de la innovación y la modernización de las Administraciones Públicas, con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y de la Federación Española de Municipios y Provincias – FEMP.

— El congreso será inaugurado por representantes de MPTyAP y la FEMP, acompañados del Presidente de la FNMT y el Director de Club de Innovación.

— Versará sobre la aplicación práctica por parte de las diferentes administraciones de las exigencias en materia de Interoperabilidad y Seguridad impuestas por la normativa reciente a las Administraciones Públicas. Por ello el lema será “Aplicando los Esquemas Nacionales en las AA.PP.”

— Participarán ponentes de todos los niveles de la administración (central autonómica y local) para presentar sus experiencias y propuestas. Para ampliar el alcance del congreso se ha abierto un plazo de presentación de comunicaciones para difundir experiencias y buenas prácticas que se estén realizando en estos momentos, al cumplirse el año de su publicación.

Los Esquemas Nacionales son una novedosa fórmula normativa que buscan asegurar la

interoperabilidad entre las administraciones y su relación con los ciudadanos y conseguir que esta relación sea multicanal, segura y sostenible en el tiempo.

El Congreso cuenta además con el apoyo de la FNMT, el Consejo General de Colegios de SITAL, la ASTIC, entre otros y está patrocinado por TELEFÓNICA Y BLACKBERRY y las principales empresas de referencia en interoperabilidad y seguridad para las Administraciones Públicas.

CNIS está organizado por Club de Innovación, empresa especializada en la difusión y fomento de la innovación y la modernización en las AA.PP. a través de su portal www.clubdeinnovacion.es y de su oferta de jornadas realizadas en colaboración directa con las diferentes administraciones públicas.

PLAN LUGO EMPREGA

2011-01-20T17:49:00.004+01:00

El 30 de diciembre de 2010 se recibe escrito de la Diputación provincial de Lugo mediante el que comunica la aprobación por el Pleno de ese organismo, del "Plan Lugo Emprega", en el que se establecen las siguientes condiciones:

A.- La Diputación Provincial de Lugo se obliga a:

a.- A financiar la contratación por parte del Ayuntamiento del personal, con la categoría de operario de servicios varios que estarán destinados al mantenimiento, conservación y mejora de los servicios públicos de competencia municipal, por un período de seis meses.

b.- A transferir al ayuntamiento las cantidades precisas para hacer frente a los costos laborales de los trabajadores contratados por cada ayuntamiento, incluyéndose tanto costos salariales como costos cotización a la Seguridad Social, por todas las contingencias, pero excluindo otros conceptos que les puedan ser de aplicación en función de los convenios colectivos de aplicación en cada uno de los ayuntamientos.

c.- A determinar el número y categoría del personal que será objeto de financiación para ayuntamiento.

d.- A realizar el proceso de selección de los trabajadores y, una vez rematado, a remitir al ayuntamiento a oportuna relación de aspirantes seleccionados con el objeto de que se proceda a la realización de los contratos de trabajo.

B.- El ayuntamiento obligara a:

a.- Formalizar los contratos con los aspirantes seleccionados con base en la relación remitida por la Diputación Provincial de Lugo, en función de las propuestas realizadas por las comisiones de selección que se constituyan para tal fin procediendo, igualmente, a cursar su alta en la Seguridad Social, debiendo hacerse cargo también de las revisiones médicas pertinentes, con anterioridad al inicio de los trabajos.

b.- Destinar los trabajadores a la ejecución de actuaciones referidas al mantenimiento, conservación y mejora de servicios públicos de competencia municipal.

.................................. »

En relación con este convenio es necesario hacer las siguientes consideraciones:

Las condiciones impuestas por el citado Convenio: contratación por el Ayuntamiento de personal seleccionado por otra Administración Pública (en este caso por la Excma. Diputación provincial de Lugo), supone una vulneración al principio de autonomía municipal consagrados en el artículo 140 de la Constitución Española y artículos 1 a 6 de la Carta Europea de Autonomía Local (CEL), del 15 de octubre de 1985, de plena aplicación en el Estado Español (Ratificada por España por Instrumento del 20 de enero de 1988 - BOE núm. 47, del 24 de febrero de 1989).

El art. 3.1 de la CEL conceptúa la Autonomía local cómo:

"El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes",

y el 9.5 del incluso cuerpo legal dice:

"La protección de las Entidades locales financeiramente más débiles reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les atañen. Tales procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de opción de las Entidades locales, en su propio ámbito de competencia

El artículo 137 de la C.E. garantiza la autonomía de los municipios para la gestión de sus respectivos intereses, y el art 140 de la C.E. reafirma que garantiza la autonomía de los municipios.

Autonomía que, la tenor de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, implica: " La existencia constitucional de una reserva material de competencias para los entes locales que ha de concretar el legislador, y que, una vez fijadas por la Ley, el ente local ha garantizado un poder reglamentario sobre ellas y, ademáis, un poder de decisión que permita ejercitar aquellas sin controles abusivos del Estado o Comunidad Autonomas."

El TC al determinar - en su sentencia del 2 de febrero de 1981 - que la competencia administrativa en cada materia ha de atribuirse a aquella entidad que, dentro de la organización territorial del Estado, sea la portadora del interés predominante.

A tenor de la reiterada jurisprudencia del Tribunal constitucional, la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a traves de sus órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, escalonándose la intensidad de esa participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autónoma es posible. (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3.1 y 32/1981, de 28 de julio, FJ 4; doctrina posteriormente reiterada, entre otras, por las SsTC 27/1987, de 27 de febrero, FJ 2, 170/1989, de 19 de octubre, FJ 9, o 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2).

Competencias que, en esta materia, se recogen entre otras, en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 103 establece que:

"El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación atendiéndose, en todo caso, al dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cantos reúnan los requisitos exigidos"

Además el PLAN LUGO EMPLEA se aprobó sin consultar a los Ayuntamientos sus necesidades en mantenimiento, conservación y mejora de los servicios públicos de competencia municipal. Mantenimiento y conservación que requirien de aptitudes y conocimientos especificos para cada tipo de trabajo (alumbrados públicos, red de abastecimiento de agua, carreteras, xardineria, etc), por lo que una selección de personal realizada sin tener en cuenta los trabajos concretos a los que se adscribirán en los ayuntamientos, vulnera el dispuesto en el artículo 37 del Decreto Legislativo 1/2008, del 13 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de función pública de Galicia, que dice: "Las pruebas de selección se deberán establecer de manera que puedan manifestarse las condiciones de aptitud y conocimiento que se consideren necesarias según a naturaleza de la función".

En definitiva, el Convenio que regula el PLAN LUGO EMPLEA detrae competencias municipales ( Selección de personal ) eliminando la capacidad decisoria de los entes locales respeto de las materias de su interés situadas en ese umbral mínimo que la Ley les garantiza para su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguinte, cuestionando su existencia como reales instituciones de autogobierno»

Esta conculcación del principio constitucional de autonómia local puede traer como consecuencia la nulidad de pleno derecho del convenio.

Como tal acto nulo, no puede convalidarse ni emendarse por prescripción (S. del 25 de abril de 1967), ni de producir efectos en ningún tiempo (S. del 11 de marzo de 1982):

"La nulidad absoluta, radical o de pleno Derecho, no es susceptible de subsanación ni de producir efectos jurídicos en ningún tiempo, puede alegarse en cualquier momento y como consecuencia de eso la acción no tiene plazo de caducidad, es imprescriptible, es tambien irrenunciable...."

La nulidad de un acto de los que integran el procedimiento, comporta la de los actos sucesivos del incluso y, por tanto, la anulación comportará retrotraer las actuaciones administrativas al trámite en el que se cometió la infracción. (S 12 de marzo de 1982: "La sensu contrario del establecido en el art. 50.1 , LPA, la invalided de un acto implicará la de los sucesivos que sean dependiente del primero).

2010-08-10T14:54:00.003+02:00

El pasado lunes, 09/08/2010 se publicó en el D.O.G. la Orden de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, del 29 de julio de 2010 por la que se regula la concesión de subvenciones complementarias a los ayuntamientos de Galicia para la adaptación del Plan General de Ordenación Municipal a la Ley 2/2010, del 25 de marzo.

Entre la documentación que la precitada Orden especifica se debe acompañar con la solicitud (artículo 5º) y la que figura en los modelos publicados se constata una incongruencia; así en el Anexo I figura como documentación a presentar, a mayores de la que se señala en el artículo 5º de la Orden la: ¿ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y APODERAMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL?.

Sí bien, tanto el requerimiento de la acreditación de la persoalidad como el apoderamento del representante legal, se entiende en el caso de tratarse personas físicas y asociaciones u organizaciones representativas de intereses económicos y sociales (art. 30 en relación con el 32 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), supuesto en el que es preciso acreditar la representación, no tiene cabida cuando se trata de relaciones entre Administraciones Públicas, tal es el caso en el que estamos: Solicitud de subvención de una Corporación Municipal.
Requirír esa acreditación a otra Administración Pública supone ignorar disposiciones legales, no sólo la normativa especifica de Administración Local, si no la básica, como es la citada Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 12 establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga atribuidas cómo propia; competencias que en la Administración Local están nitidamente recogidas en los Capítulos II (Organización) y III (Competencias) del Título II.- El Municipio de la Ley 7/1985, del 2 de abril, así como en el Capítulo III del título I de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración Local de Galicia, correspondiendo al Alcalde-Presidente la Representación del Ayuntamiento.

Si el órgano representativo del Ayuntamiento y sus atribuciones están determinadas legalmente, ¿porque solicitar la ¿ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y APODERAMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL?? . ¿Consideran los asesores jurídicos de la Xunta que los ayuntamientos no son Administración Pública?

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, sobre comunicación informática al Registro de Vehículos del impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2010-07-28T14:40:00.000+02:00

El artículo 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido modificado por el artículo undécimo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

En su apartado 2 se establece que las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehiculo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.

En el apartado 3 se determina que, a los efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anteriormente señalada.

Por otra parte, la citada Ley 36/2006 añade una nueva disposición transitoria, la decimonovena, a la Ley de Haciendas Locales, en la que se indica que en tanto la Dirección General de Tráfico no habilite los procedimientos informáticos necesarios para permitir la comunicación a que se refiere el artículo 99.3 de esta Ley, las Jefaturas Provinciales de Tráfico exigirán, para la realización del trámite de cambio de titularidad administrativa, el recibo que acredite el pago del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se realiza el trámite.

Desde la entrada en vigor de la normativa expuesta, numerosos Ayuntamientos han comunicado a la Dirección General de Tráfico que están preparados para la remisión informática de los datos relativos a esta deuda tributaria.

Por razones de uniformidad y una vez que transcurra un tiempo prudencial para permitir a las entidades afectadas su adaptación, se considera imprescindible fijar una fecha a partir de la cual todos los Ayuntamientos deban comunicar por medios informáticos al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de la deuda del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, lo que implicará que a partir de esa fecha, en los cambios de titularidad de los vehículos las Jefaturas de Tráfico no exigirán en ningún caso el recibo que acredite el pago del impuesto.

En su virtud, resuelvo lo siguiente:

Primero. Cambios de titularidad.—A partir del uno de enero de 2011, las Jefaturas Provinciales de Tráfico realizarán los cambios de titularidad de los vehículos siempre que no constase en el historial de los mismos el impago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año inmediatamente anterior a la realización del trámite.

Desde esa fecha, las Jefaturas Provinciales de Tráfico no efectuarán el cambio de titularidad de los vehículos en tanto exista constancia del impago del impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio anterior.

Segundo. Cancelación de la anotación de impago.—La cancelación de la anotación de impago que permite efectuar el cambio de titularidad de los vehículos corresponderá únicamente al Ayuntamiento o entidad que ejerza las funciones de recaudación por delegación.

No obstante, previa petición expresa de la entidad local, las Jefaturas Provinciales de Tráfico podrán efectuar los cambios de titularidad de sus vehículos cuando se presente ante aquéllas el justificante acreditativo del pago de la deuda.

Tercero. Comunicación de impagos.—Las comunicaciones de los vehículos en los que exista anotación de impago se efectuarán de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezca la Dirección General de Tráfico y en ellas se indicará, al menos, la matrícula y el titular del vehículo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de julio de 2010.—El Director General de Tráfico, Pere Navarro Olivella.

FUNCIONARIOS Artículo publicado en MADRIDIARIO.ES

2010-05-30T23:41:00.000+02:00

Pedro Fernández Vicente

Como inicio de mi reflexión, tengo que decir que no soy funcionario. Me dedico al periodismo como profesión y no estoy en situación de excedencia de ningún ministerio, pero me parece indigno lo que 'algunos', y lo digo en tono despectivo, están haciendo en contra de una profesión como la de funcionario, aprovechando la propaganda de ZP, para crear ese escenario necesario que le permita bajarlos el sueldo sin adhesiones populares, ni solidaridad. Una buena fórmula para no perder votos, que es lo que realmente le interesa.

Funcionario no se es por casualidad, como trabajador del Corte Inglés, de Philips, de Seat o de MoviStar. No. Trabajar en estas empresa, puede ser el resultado de una coincidencia o de una oportunidad. El trabajador funcionario, como los jueces, los médicos de la SS, Inspectores de Sanidad, de Hacienda, policías o bomberos, lo elije, espera a que se convoquen las plazas, las prepara en largas jornadas de estudios durante 2, 3, 4……o vaya vd. a saber cuantos años, y finalmente se enfrenta a unos exámenes duros, donde lo haya y en competencia con unos cuantos miles de candidatos. No es, por tanto, un trabajo casual. Es elegido y, por cierto, los españoles que quieran, ahí tienen las oposiciones. No es preciso envidiar a nadie, todos podemos ser funcionarios.

Esos que tanto gritan en contra de quienes mueven la administración, y a quienes debemos agradecer los progresos demostrados en los últimos años y el nivel de engrase en que la mantienen y consiguen que funcione, a pesar de algunos gobiernos, alcaldes, responsables de comunidades autónomas y políticos en general, no chillaban, hace unos años, cuando empresarios; pequeños, medianos y grandes, mantenían ingresos que se incrementaban hasta en un 20% cada año; estudios de arquitectos que no podían atender tantas peticiones como llegaban a sus despachos; vendedores de distintos sectores, que invertían en apartamentos en las playas; autónomos atentos a las bolsas, donde metían esos dineros extras que llegaban a sus cuentas, y todo gracias al momento económico que vivíamos. Un momento de alegrías de las que los funcionarios no han disfrutado, y que este Presidente del Gobierno se ha encargado de situar tan cerca del precipicio que es preciso rebajar el sueldo a unos trabajadores, como son los de la administración. Y todo, porque el responsable de proteger sus intereses, como empresario que es el Estado, se lo ha gastado en subvenciones, más o menos necesarias. Un Presidente que siendo candidato negó las necesidades que se avecinaban y no dudó en regalar aquellos 400 Euros, que le ayudaron a ganar unas elecciones y que, visto lo visto, se los estaba quitando al sagrado sueldo de unos cuantos miles de trabajadores contribuyentes. ¿Qué pasaría si lo hubiese hecho el Corte Inglés y no pudiera pagar a sus trabajadores? o ¿Sony?, o fuesen los empleados del Banco Santander los que tuvieran que aceptar, como trágala, un descenso de los sueldos.

Recordemos que mientras la economía se mantuvo en aquellos niveles que tuvimos y que ahora han dilapidado, para los funcionarios, no hubo incrementos del 10%, ni del 7, ni siquiera de ese 5 de media, que ahora les quitan. Si hubo quien lo ganó, pero no los funcionarios. ¿por qué alguno de esos que tanto jalean la medida no devuelven algo de lo mucho que han ganado?. Se trata de solidaridad ¿no?. Pues eso afecta a todos.

Y lo dicho: si alguien quiere ser funcionario, por los altos sueldos que ganan, no tiene más que apuntarse y estudiar las oposiciones, pero, creo, que muchos de los chillones de ahora, no podrían aprobar jamás esos exámenes. Quizá esa es la cuestión.

Apertura de establecimientos. Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicío al abrigo del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea

2010-04-13T17:31:00.009+02:00

LEGISLACIÓN APLICABLE.- Tratado sobre él Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, consolidado según Tratado de Lisboa)Tratado de 13 diciembre 2007, Ley 17/2009,del 23 noviembre, de libre acceso a las actividad de servicios y su ejercicio, Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 70 y 84), modificados por la Ley Omnibus 29/2009, Ley 30/1992, del 26 de noviembre del Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (artículo 39 bis) artículo 286 de la Ley 5/1997, de 22 de julio , de Administración Local de Galicia, modificada por la Ley 1/2010, de 11 febrero, de Modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12-12-2006 (LCEur 2006\3520), relativa a los servicios en el mercado interior

PRIMERO.- Entiende el artículo 57 del Tratado sobre él Funcionamiento de la Unión Europea por prestación de servicios:

" a) Actividades de carácter industrial;

b) Actividades de carácter mercantil;

c) Actividades artesanales;

d) Actividades propias de las profesiones liberales.

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar la dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado miembro donde lleve a cabo la prestación, en iguales condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales."

SEGUNDO.- Conforme la legislación precitada (artículo 6º de la Ley Ley 17/2009,del 23 noviembre) la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización. Solo cabe la autorización previa para el ejercicio de una actividad cuando esta sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control «a posteriori» se produjera demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

Dispone en el mismo sentido el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre del Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común:

"1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público (1) así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan»."

TERCERO.- Tratandose de una actividad no sometida a evaluación de incidente ambiental (Decreto 133/2008, de 12 de junio, regula la evaluación de incidencia ambiental en Galicia) e incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre lo libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio, y de la de la Directiva 2006/123/CE, se estará al dispuesto en la misma.

CUARTO.- En el mismo sentido se manifiesta el artículo 286 de la Ley 7/1995, de Administración Local de Galicia (a tenor de la redacción dada por la Ley 1/2010, de 11 febrero, de Modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE), estableciendo que cuándo se trate del acceso y ejercicio de las actividades y servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE, se estará a lo dispuesto en la misma.

CONCLUSIÓN.- No procede resolver concediendo LICENCIA de inicio de actividad o ampliación de la existente por no ser preciso dicho trámite de conformidad con la legislación ya mencionada, debiendo el ayuntamiento limitarse a la recepción de la comunicación previa del inicio de la actividad, sin perjuicio de posteriores controles que el ayuntamiento estime pertinente realizar

(1) DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior

Considerandos

40. El concepto de «razones imperiosas de interés general» al que se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, bienestar animal, preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional histórico y artístico y política veterinaria.

(41) El concepto de «orden público», según lo interpreta el Tribunal de Justicia, abarca la protección ante una amenaza auténtica y suficientemente importante que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad y podrá incluir, en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protección de los menores y adultos vulnerables y el bienestar animal. De igual manera, el concepto de seguridad pública incluye temas de protección civil.

43 Las normas relativas a los procedimientos administrativos no deben tener por objeto la armonización de dichos procedimientos, sino suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios que esta comporta.

Decreto 29/2010, del 4 de marzo, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia.

2010-03-18T12:30:00.001+01:00

Hola amigos, en el Diario Oficial de Galicia del día 18/03/2010, se publica el Decreto 29/2010, del 4 de marzo, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia. Este Decreto modifica el hasta ahora vigente Decreto 262/2007, del 20 de diciembre

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO DE GALLEGO PARA PODER EJERCER EN GALICIA Y FECHA DE ÉXAMEN

2010-02-10T18:31:00.000+01:00

Hola amigos:

Por segunda vez en Galicia, los funcionarios con habilitación de carácter estatal que queremos participar en un concurso de traslados para puestos de trabajo radicados en Galicia, tenemos que demostrar nuestro conocimiento de la lengua gallega. En el D.O.G. nº.: 27 de fecha 10/02/2010 se publica la Orden del 9 de febrero por la que se nombran los miembros de la Comisión Técnica de Valoración de la prueba de gallego en el concurso unitario de traslados de funcionarios con habilitación de carácter estatal y se convocan los concursantes para la realización de la prueba y se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización.

Resulta extraño que después de desempañar durante más de 28 años nuestra función en esta tierra, y demostrar que los derechos lingüísticos de los vecinos a los que servimos no se vieron menoscabados y que en nuestro trabajo diario redactamos la documentación en gallego, desde la aprobación del "Decreto 103/2008, del 8 de mayo, por lo que se regula el conocimiento del gallego en los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/las con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia." para poder concursar a "Otra plaza en Galicia" estamos obligados a demostrar nuestro conocimiento del gallego; pero ....si no valemos para trasladarnos a otra plaza, ¿si valemos para ejercer nuestra actividad profesional en el actual?, Se me escapa el posible motivo para tal desatino. Mi postura al respecto está publicada en este mismo Blog

Resolución del 22 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Lingüística, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de lengua gallega, niveles Celga 1, 2, 3 y 4, en el año 2010.

2010-02-09T17:34:00.000+01:00

En el D.O.G. nº.: 25 de fecha 08/02/2010 se publica la Resolución del 22 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Lingüística, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de lengua gallega, niveles Celga 1, 2, 3 y 4, en el año 2010., Podéis acceder al texto activando el precedente enlace

Oferta de empleo público para el año 2009 del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

2010-01-12T18:30:00.001+01:00

Hola amigos En el D.O.G. nº.: 254 del 31 de diciembre de 209 se publica el Decreto 443/2009, por lo que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2009 del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Podéis acceder al texto del Decreto activando el enlace (título de esta nota)

Artículo 1º.-Aprobación de la oferta de empleo público de funcionarios/las con habilitación de carácter estatal. 1. Con el objeto de atender a las necesidades de las entidades locales gallegas, se aprueba la oferta de empleo público corresponsal al año 2009 para lo personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 2. Esta oferta incluye las siguientes plazas: la) Subescala de secretaría, categoría superior: 4 plazas. b) Subescala de intervención-tesorería, categoría superior: 7 plazas. c) Subescala de secretaría, categoría de entrada: 6 plazas, 3 de las cuales se cubrirán por el sistema de promoción interna desde la subescala de secretaría-intervención. d) Subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada: 4 plazas, 2 de las cuales se cubrirán por el sistema de promoción interna desde la subescala de secretaría-intervención.

Relación individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

2009-12-18T18:00:00.018+01:00

Hola amigos:
No B.O.E. do 24/11/2009 pagina 99857, se publica la "Relación individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal", a la que podéis acceder activando el enlace de la cabecera.
y en el siguinte enlace el acceso a la pagina web http://www.mpt.es ( Sistema de Información Local), en el que se publican lla relación de méritos.

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se rectifican, y en su caso amplían, las Resoluciones de 30 de octubre de 2009, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, y por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, (publicada en el Boletín Oficial del Estado).

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS GENERALES DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL,
(CORRECCION DE ERRORES)